Comités de Seguimiento Electoral

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YILBER LEANDRO SAAVEDRA

Tradicionalmente, los Comités de Seguimiento Electoral, además de convertirse en un dolor de cabeza para algunos de los funcionarios que los integran, por interpretarse como una tarea más de las múltiples que tienen,  lamentablemente terminan orientado su labor exclusivamente a entregar “partes de tranquilidad”.

Estos órganos colegiados, creados por ley para garantizar en los municipios y departamentos la realización de las justas democráticas, tienen retos cada vez mayores en medio de las habilidosas artimañas utilizadas por algunos candidatos para ganar las elecciones.

La participación proselitista de funcionarios públicos, la compra de votos, la violación en el tope de financiamiento de campañas y la publicidad desbordada, son algunos de los principales retos de estos comités conformados por destacadas instituciones como la Procuraduría, la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la fuerza pública  y el ente gubernamental.

Sin embargo, y a pesar de las buenas intensiones, lo cierto es que los esfuerzos se quedan cortos frente al libreto que tradicionalmente se impone en época electoral; por un lado los alcaldes con la obligación de garantizar legitimidad en el proceso, pero también comprometidos en buscarle unos voticos a su futuro parlamentario, quien, se supone, le ayudará a gestionar algún recurso nacional para su comunidad o a destrabar algún proyecto engavetado en algún ministerio.

También están algunos concejales, ediles o presidentes de juntas de acción comunal, quienes tienen libertad para hacer política y ven en esta época de elecciones parlamentarias una oportunidad de obtener algún rédito económico.  “Estoy muy sorprendido de lo costoso que están cobrando algunos concejales en los pueblos por hacer campaña”, expresó un acompañante de un candidato a la Cámara de representantes luego de recorrer algunos municipios del Huila.

Los ríos de dinero circulan en la mayoría de campañas, recursos que lógicamente no pasan por los libros de contabilidad; en algunos casos para pagar salarios mensuales a líderes y comprometer sus afectos con la causa, también para financiar actividades comunitarias que convoquen electores o para hacerse aparecer más veces de lo permitido en los medios de comunicación.

Más allá de las actas u órdenes del día que aprueban estos comités de seguimiento electoral, o de vigilar unas elecciones, su reto debe ser recuperar a través de la acción articulada e institucional del estado la legitimidad democrática, recobrar la confianza de la ciudadanía y orientar todos los esfuerzos a que ganen las propuestas y no las chequeras.

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